Cumplir con la legislación nacional en aquellos países en los que opere y con la legislación internacional en derechos humanos, tanto en sus operaciones directas, como a través de la cadena de suministro.
Elaborar una política contra el acoso, abuso, intimidación o violencia en la empresa y aplicar acciones.
Desarrollar un código ético, así como un buzón para recibir reclamaciones en caso de incumplimiento.
Integrar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de naciones unidas.
Establecer un sistema de reclamaciones a nivel operacional, que permita a los grupos de interés comunicar a la empresa los potenciales impactos sobre los DDHH.
Formar a empleados y proveedores en materia de transparencia y DDHH.